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Misión, Filosofía y Objetivos

La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos se fundó con el objetivo de ofrecer una opción educativa diferenciada a la comunidad jurídica del país, en particular en la región oeste de la Isla. Al momento del establecimiento de nuestra Institución, existían tres escuelas de Derecho en Puerto Rico y sólo una de éstas fuera de la zona metropolitana de San Juan, en la ciudad de Ponce.

Sin embargo, hace ya varios años se planteaba la deseabilidad y necesidad de una nueva Facultad de Derecho, esta vez en Mayagüez, la tercera ciudad de mayor importancia en el país.

Estudios empíricos han demostrado que los abogados y las abogadas que se gradúan de las escuelas de Derecho ubicadas en San Juan tienden a establecerse en dicha región. Por eso la importancia de crear instituciones de este tipo fuera de la capital, que contribuyan a la formación de profesionales del Derecho para que rindan servicios necesarios en otras partes de la Isla y que ocupen posiciones de liderato en su gobierno y en sus entidades privadas.  Ello le daría una representación necesaria a los intereses de estas regiones dentro de las instituciones y procesos decisionales del país.

Durante los últimos años se han planteado planes de desarrollo, especialmente para las ciudades de Ponce y Mayagüez, con el propósito de transformarlas en importantes centros políticos, económicos y culturales, como parte de un proceso necesario de descentralización. Precisamente, los planes y procesos de descentralización de la gestión y las actividades económicas en la Isla determinan la imperiosa necesidad de formar cuadros profesionales que sirvan como capa gerencial y directora de los esfuerzos de desarrollo regional, como parte integral de iguales planes a nivel nacional. En el caso de Mayagüez, es necesaria una Facultad de Derecho en función de dichos objetivos.

El objetivo primario de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos es la formación integral de juristas, a partir de una perspectiva humanística y social de su función en la comunidad. El propósito es que éstos intervengan activamente en los procesos normativos, políticos y económicos, tanto en el ámbito regional como en el nacional. La pertinencia social de nuestra profesión en el Puerto Rico contemporáneo depende fundamentalmente de nuestra capacidad para trascenderlas perspectivas adversativas, economicistas y tecnicistas que han prevalecido en el interior de la misma durante los últimos tiempos.

Es esencial que los juristas se formen como profesionales letrados, verdaderos intelectuales críticos e ingenieros sociales, dedicados al cultivo activo de los conocimientos y prácticas necesarias para una más justa y eficiente administración de la justicia, la formulación de política pública en la Isla y nuestra inserción competitiva en el nuevo orden global, económico, jurídico-político y cultural. Es imprescindible la total comprensión de la naturaleza social, política y valorativa del Derecho, y de la función social primaria que desempeñan los juristas como mediadores de conflictos sociales, orientadores de los procesos prescriptivos de la sociedad, y organizadores de los procesos sociales junto a otros grupos profesionales.  Así contribuirán constructivamente al desarrollo del país y a la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.

Por otro lado, el modelo tradicional de educación jurídica crea un proceso de aprendizaje que, fundamentalmente, se concentra en la transmisión de información. Tiene, además, la tendencia nociva a privilegiar al tribunal como escenario casi exclusivo de práctica profesional, así como dentro de éste a las soluciones adversativas y litigiosas, a pesar del enorme costo que tiene tanto en términos económicos como sociales.

De ahí el imperativo de promover un modelo educativo basado en el desarrollo humano profesional del estudiante mediante un proceso formativo que se concentre en el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y sistémico. Dicho modelo tiene que centrarse en el desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño efectivo como un profesional del Derecho en nuestra sociedad. Contrario al modelo prevaleciente, de influencia fundamentalmente estadounidense, tiene que ser interdisciplinario, comparativo, contextual y orientado a una intervención crítica en los procesos de administración de la justicia, la formulación y aplicación de política pública, y el desarrollo político y económico en los contextos regional y nacional, y en el nuevo escenario global.

Tiene que impartir las siguientes destrezas formativas:

• la capacidad para el razonamiento lógico y la abstracción;

• la capacidad para pensar crítica y sistémicamente;

• la capacidad para integrar y aplicar, crítica y creativamente, los conocimientos;

• la capacidad para experimentar y crear;

• la capacidad para trabajar tanto individual como colectivamente y

• la capacidad para comunicar, educar, orientar, organizar y dirigir.

La sociedad actual requiere de procesos epistemológicos que tomen en cuenta la naturaleza cambiante y contingente del saber. El conocimiento es hoy, más que nunca, una tecnología de poder cuya utilidad social radica en la capacidad que educación profesional en el presente no se puede reducir a impartir dominio sobre un cuerpo de conocimientos técnicos especializados.  Las nuevas realidades económicas y sociales, regionales, nacionales y globales exigen que los profesionales desarrollen la capacidad para integrar y aplicar creadoramente un bloque amplio de conocimientos.